No es sólo la asistencia sanitaria: las escuelas infantiles también están en crisis

No es sólo la asistencia sanitaria: las escuelas infantiles también están en crisis

¿Qué incluye el plan del Ministerio de Educación para las escuelas infantiles y por qué las instalaciones privadas a veces son más baratas? El discurso de Massimo Balducci

Recientemente se ha emitido el decreto del Ministerio de Educación que financia el nuevo plan de escuelas infantiles por valor de 734,9 millones de euros. El Plan, en línea con los objetivos del PNRR, pretende incrementar las plazas de guardería con el fin de "mejorar la oferta educativa desde la primera infancia y ofrecer ayudas concretas a las familias, para reducir las disparidades territoriales". El hecho es que en muchos municipios, incluido mi municipio de Florencia, hay muchas plazas de guardería municipales sin utilizar, no porque no haya niños sino porque las guarderías privadas cuestan menos.

No son las estructuras físicas lo que falta sino la capacidad de gestión. Las guarderías, en el sistema unificado de contabilidad pública, pertenecen a la "misión 12", que incluye toda la parte de servicios sociales. En los municipios del Centro y Norte, la misión 12 representa entre el 20% y el 30% del gasto corriente de un municipio. A pesar de tantos recursos, los resultados son pobres. Intentemos entender por qué. Me referiré principalmente al caso del Ayuntamiento de Florencia que conozco bastante bien en sus detalles (donde suele esconderse el diablo).

Ya hemos hablado de las escuelas infantiles. Varios cientos de plazas en desuso por las que los ciudadanos pagan a educadores e instalaciones simplemente porque las tarifas son superiores a las que se encuentran en el mercado. ¿Cómo? Simplemente porque las guarderías municipales no se gestionan con competencia directiva, sino simplemente aplicando servilmente las leyes y los convenios colectivos con una mentalidad pasivamente burocrática. A esto hay que añadir el hecho de que los servicios sociales son gestionados, en su mayor parte, por trabajadores sociales y no por administradores. Para brindar un servicio, el costo administrativo muchas veces tiene un valor que excede el 50% del valor del servicio brindado. Los trabajadores sociales del Municipio (de Florencia pero también de muchos otros municipios) dedican gran parte de su tiempo de trabajo a desarrollar los llamados PAP (planes de asistencia personalizados), de los cuales más del 90% nunca se implementan. Esto se debe a que el asistente individual no tiene presupuesto disponible, sino que debe limitarse a desarrollar el PAP que luego, a final de mes, se toma en consideración junto con todos los demás PAP. El contador de turno, llegado a este punto, recorta, con lógica contable, los PAP más caros. Como resultado, más de la mitad del tiempo de trabajo de los trabajadores sociales se dedica a cosas inútiles. Sería suficiente asignar a cada trabajador social un presupuesto y hacerlo directamente responsable de las elecciones costo/beneficio.

Otro pliegue en el que se esconde la maldad está representado por las relaciones entre la asistencia sanitaria y la asistencia social. Imaginemos a una persona de ochenta años que vive sola y que se presenta en urgencias de uno de los hospitales de la zona de Florencia un sábado por la mañana. Quizás le diagnostiquen una neumonía que pueda tratarse en casa con siete inyecciones de antibióticos y siete comprimidos de cortisona. El caso es que el hombre de ochenta años en cuestión vive solo y no tiene a nadie que pueda ir a comprarle los medicamentos que le recetan. Es sábado y los servicios sociales del Ayuntamiento no vuelven a abrir sus puertas hasta el lunes por la mañana. De ello se deduce que nuestro octogenario permanecerá ocupando una cama de hospital durante los dos días del fin de semana a aprox. ¡800 euros al día! Hay cosas peores. En busca de una coordinación ideológico-legal, no técnico-operativa, entre lo social y lo sanitario, la región de Toscana ha creado en su momento la llamada "sociedad de la salud" (leyes regionales 40 y 41 de 2005), una especie de consorcio entre municipios y ASL convocado para abordar "la felicidad integrada de los ciudadanos". Esta institución fue objeto de intervenciones del Tribunal Constitucional, la última de las cuales (orden 267 de 2019) de hecho resultó en la renuncia espontánea por parte de la Región de Toscana al artículo 8 de la ley regional 41 de 2005 (resulta que las empresas sanitarias existentes. tienen una vida muy dudosa).

Una última observación. La prestación de la mayoría de los servicios sociales se confía a cooperativas en busca de ahorros. Los socios de las cooperativas, de hecho, son socios y no empleados y, como tales, no están obligados por convenios colectivos que establezcan salarios mínimos. Las cooperativas que prestan servicios sociales aceptan encargos (todos por debajo del umbral y, por tanto, fuera de licitaciones públicas) que corresponden a una remuneración horaria de unos pocos euros para sus socios. Dada esta mísera remuneración, el Municipio no controla los servicios efectivamente prestados.

El sector social es un abismo al que se le presta poca atención. El INPS no sólo no tendría problemas financieros si se le liberara de la carga de las intervenciones en el sector social por las que no recibe compensación alguna. ¡Hay que mantener bajo control toda el área de servicios sociales proporcionados por las autoridades locales! Cabe preguntarse si quienes de vez en cuando se encuentran en la oposición en los distintos Concejos Municipales alguna vez han puesto el foco en la misión 12 del presupuesto del Municipio.


Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/sanita/piano-asili-nido-ministero-istruzione/ el Sat, 25 May 2024 04:52:17 +0000.